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La nueva Ley de Tasas Judiciales

La agilización de la justicia versus el principio de tutela judicial efectiva

La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, introducidas por la Ley 53/2002, regula las nuevas tasas judiciales, en la que se ha tenido en cuenta los criterios indicados en la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

La tasa es aplicable a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, tiene carácter estatal y se exigirá en todo el territorio nacional. El sujeto pasivo de la tasa es quien promueve el ejercicio de la potestad jurisdiccional, si bien se hallan exentos de la misma, determinados procedimientos por una motivación social y de interés público como los de capacidad, filiación y menores; procesos matrimoniales sobre guardia y custodia de menores o sobre alimentos; los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas así como la solicitud de procedimiento voluntario por el deudor. 

 

También se hallan exentos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, las personas a las que se haya reconocido el acceso a la asistencia gratuita, el Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas.

 

En lo que respecta al procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal, se hallan también exentos siempre que la cuantía no supere los 1.000 euros.

 

La exención también aplica en el orden contencioso administrativo, en la interposición del correspondiente recurso si se produce silencio administrativo negativo o inactividad de la administración. 

 

Por último, en el orden social, a los trabajadores les será aplicada una exención del 60% de la tasa en la cuantía que corresponda por la interposición de recursos de suplicación y casación.

 

La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, salvo los de cuantía indeterminada, que se valorarán en 18.000 euros y en los casos de acumulación de acciones, donde se tendrán en cuenta  la cuantía de las correspondientes pretensiones.

 

No obstante, la citada base tiene una parte fija y una variable. La fija se determina en función de cada clase de proceso, variando entre 150 y 1.200 euros, mientras que la variable se aplica conforme al siguiente escalado:

 

- Hasta 1.000.000 euros;                      tipo: 0,5%

- A partir de 1.001.000 euros               tipo: 0,25%

 

La nueva Ley de Tasas se ha aprobado con la intención de que los ciudadanos que recurran a los tribunales soporten una parte del coste de la Administración de Justicia, como consecuencia de la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público y en función de su capacidad económica, alcanzando también, por vez primera, a las personas físicas.

 

El sujeto pasivo deberá autoliquidar la correspondiente tasa conforme al modelo oficial que corresponda, y proceder a su ingreso en el Tesoro Público. Posteriomente, el justificante del ingreso deberá ser aportado junto al correspondiente escrito procesal.

 

Por último, no debe dejar de decirse que las nuevas tasas judiciales han suscitado polémicas, ya no sólo en la propia ciudadanía sino en el sector de la abogacía y procuradoría, en la medida en que se limita potencialmente el acceso a la justicia de ciudadanos en función del perfil, capacidad económica y tipo de procedimiento ante el que nos hallemos.

 

Además, en el seno interno de la administración de justicia, también se ha provocado cierto malestar en la medida en que los secretarios judiciales pasan a destinar un tiempo sustancia en la verificación de los importes autoliquidados por los sujetos pasivos y en consecuencia, destinarán tiempo de su trabajo a Hacienda, en lugar de dedicarlo a la función propia de Secretaría judicial.

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